Proyecto Dignidad les recuerda a los politicos que todas sus administraciones, tanto PNP como PPD llevaron a quiebra todas las pensiones del gobierno y sus corporaciones públicas.
El gobierno de Puerto Rico en las últimas décadas ha polítiqueado con las pensiones de los servidores públicos de manera crasa. Esto ha sido más que evidenciado, para no ir muy lejos, desde la administración de Luis Fortuño como en la de Alejandro García Padilla, por mencionar algunas. No hay una administración gubernamental del Partido Nuevo Progresista (PNP) o del Partido Popular Democrático (PPD), junto atodos sus políticos que se puedan quedar fuera.
“El ejemplo más claro lo podemos constatar actualmente porque todos los ‘players’ que están en las papeletas para las próximas elecciones, estuvieron bajo todas esas administraciones gubernamentales; ya fuera por asuntos políticos partidistas y de elecciones, jugaron con las pensiones sabiendo que ya estaban quebradas y no actuaron para salvarlas, aunque sabían lo que tenían que hacer”, expresó el Dr. César Vázquez Muñiz, presidente y candidato a gobernación por Proyecto Dignidad.
“La realidad es que no hicieron absolutamente nada y las han quebrado lamentablemente a todas. Ahora, a tres meses de las elecciones la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, dice que su aportación es elevar su garantía de pago a rango constitucional. Qué falta de respeto contra nuestros pensionados, ni que fueran una mesa de ping pong”, añadió Vázquez Muñiz.
Repetimos nuevamente, lamentamos decirlo, pero esto es pura demagogia política:
1. El hecho de elevar a rango constitucional las pensiones de los empleados públicos y las corporaciones públicas no las protegen de la quiebra, pues ya las pensiones están en la quiebra.
2. Los bonos generales, que estaban garantizados por la cláusula constitucional de pago preferente previo a la quiebra, no están siendo pagados desde el 2016 por causa de la quiebra y están en la negociación de bonos generales sujetos a pagos reducidos sustancialmente, más ahora después de la pandemia del COVID-19 todo está en espera.
3. El “rate” de pago de las pensiones, según el acuerdo que se había negociado con algunos fondos de pensiones establecen que se pagarían las mismas con reducciones de entre un 8%-10% y se puede tratar de negociar algo mucho mejor por la situación del país. Esto es, los pensionados en el peor de los casos recibirían un retorno en quiebra de un 92-90%. Eso se puede mejorar sustancialmente por todo lo que ha sucedido después del COVID, lo que hay es que negociar de frente y reducir pagos en otras deudas. Sin embargo, los bonos generales garantizados por la constitución, en el último acuerdo anunciado, se estaban pagando entre 70%-80%.
4. Hay que preguntarles, cuando la gobernadora habla de pensiones, por qué son varias; ¿a cuáles se refiere? le exigimos que expliquen con detalles. ¿A las de AEELA o incluye las de la AEE, UPR u otras corporaciones públicas?
5. Mirando al futuro, elevar a rango constitucional el pago de las pensiones no es buena política pública, pues no garantiza nada. Los pensionados lo que necesitan es certeza de que podrán vivir con un retiro digno.
6. La solución al futuro es exigir que todo asunto que tenga impacto en las pensiones venga acompañado de un análisis actuarial que sostenga la capacidad del sistema de pensión de absorber dicho cambio.
“Hay que acabar con la politiquería en las pensiones y respetar a los pensionados que sufren un estrés diario por la amenaza del COVID-19 a sus vidas, por ser una de las poblaciones vulnerables ante esta pandemia. Merecen que los traten con dignidad”, puntualizó Vázquez Muñiz.
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