Por: Janise Santiago Ramos, miembro de la Junta de Directores de Proyecto Dignidad
Muchas cosas pudimos haber hecho para evitar llegar al punto en que nos encontramos hoy en medio de la emergencia denominada COVID-19. Aun cuando el Gobierno va cual barco a la deriva, nosotros no podemos rendirnos, sino que debemos hacer uso de nuestro mayor sentido de orientación, responsabilidad y solidaridad ciudadana para no perecer. Si el Gobierno no asume su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra.
No sé cuántos lo recuerdan, pero el Departamento de Educación de Puerto Rico en el mes de marzo de 2018 anunció con bombos y platillos la designación, a través del Programa Restart, de $300 millones para la compra de tabletas y computadoras portátiles, así como acceso a banda ancha de internet. Este dinero no se utilizó, pues la subasta celebrada en verano de 2018 fue impugnada ante el Tribunal Apelativo de Puerto Rico por una de las compañías participantes que alega fraude en su otorgación. Si ese dinero se hubiese utilizado rectamente, y no para tratar de beneficiar a los amigos del alma, hoy los niños del Departamento de Educación hubiesen tenido acceso a una educación a la distancia de excelencia sin problemas de accesibilidad alguno. No obstante, el Departamento de Educación se ve en la vergonzosa posición de culminar abruptamente un semestre escolar, sin garantía de que nuestros niños puedan obtener la educación que merecen.
Pero no queda ahí, ahora la Junta de Supervisión Fiscal le ha otorgado al Departamento de Educación $250 millones adicionales del presupuesto de emergencia para alegadamente enfrentar los retos del COVID-19 sin explicar dónde están los $300 millones que se designaron para el mismo fin en el 2018. Esta designación reciente pretende ser el salvavidas que le permita al Departamento comenzar clases en agosto de 2020. No obstante, nadie confronta al secretario, ni al Gobierno central, sobre el uso de todos estos millones designados para el mismo fin. En total, serían $550 millones que ha recibido el Departamento de Educación para comprar tabletas y computadoras portátiles. ¿Usted sabe cuánto vale una tableta? En Puerto Rico hay alrededor de 300 mil estudiantes y 20 mil maestros en el sistema público. Asumiendo que le compramos tabletas de $1,000.00 a los 300 mil estudiantes y a los 20 mil maestros, el costo sería de 322 millones de dólares. Sobrarían, 227 millones de dólares para proveer el mejor sistema de enseñanza en línea y acceso de internet a todos. Sin embargo, el Departamento de Educación no puede ni terminar el semestre escolar garantizando a sus estudiantes la enseñanza requerida. No puede abrir los comedores escolares. No puede cumplir su obligación más básica, porque está descabezado.
En tiempos como estos, Puerto Rico no necesita demagogia política, necesitamos acciones puntuales que vayan dirigidas a construir el Puerto Rico que todos nos merecemos. Con implementar una política pública de cero desvíos de fondos, y honestidad en la contratación dentro del Departamento de Educación, podemos lograr que la enseñanza pública en nuestra Isla logre su cometido. El dinero lo hay, y en grandes cantidades. Lo que no hay es voluntad política de hacer las cosas con rectitud.
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